El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que esperará la resolución de la Corte. Nación no impondrá sanciones a las escuelas.
El gobierno porteño decidió desconocer el fallo de la Justicia federal que suspendió las clases presenciales y anunció que las escuelas continuarán abiertas hasta que se pronuncie la Corte Suprema sobre el conflicto de fondo que mantiene por este tema con la Nación.
La decisión se tomó luego de una reunión de gabinete de urgencia que convocó Larreta al conocer el fallo federal. Luego de horas de deliberaciones se resolvió que el Ministerio de Educación anunciara a las escuelas porteñas que se mantendrán las clases presenciales hasta que se pronuncie el máximo tribunal. Decisión que se fue transmitiendo poco antes de las diez de la noche, cuando los distintos establecimientos la transmitían a los padres por Whatsapp en el mejor de los casos, en un marco de incertidumbre extrema y luego de un cacerolazo contra la suspensión de clases, que pegó fuerte sobre todo en la zona norte de la Ciudad.
El Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, brindó el sustento jurídico a la decisión tomada por la administración de Rodríguez Larreta.
“Mi recomendación fue que el Jefe de Gobierno está obligado a seguir acatando un fallo anterior que se había dictado en el ámbito de la Justicia de la Ciudad como respuesta a una presentación de un grupo de padres y docentes y no el que se dictó anoche en un proceso que no es válido y tiene varias irregularidades”, aseguró el abogado del gobierno porteño.
Escuelas abiertas
Esa primera resolución a la que alude Astarloa fue dictada el domingo por la noche por la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo de la Capital Federal y le ordenó Rodríguez Larreta a garantizar la presencialidad en las aulas pese a un decreto nacional que había ordenado cerrar los colegios en el Área Metropolitana por 15 días para contener el crecimiento de contagios de coronavirus.
Para Astarloa este segundo fallo que fue dictado anoche por el juez federal Esteban Furnari ante un reclamo presentado por el Gobierno, no es válido. En su resolución, Furnari dispuso que la causa se remita a la Corte Suprema, “haciéndose saber a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y al Juzgado 1 de aquel fuero que deberán instrumentar la remisión ordenada”.
Rodríguez Larreta consultó a su Gabinete y tomaron la decisión de no avalar una decisión judicial que se consideraba ilegal.
