La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar la queja de los imputados por unanimidad, por lo que la sentencia impuesta por el Tribunal Oral y confirmada por Casación quedó firme. De esta manera se agotaron las instancias de apelación.
El Caso Ciccone comenzó en el verano de 2012. Amado Boudou era por aquellos días vicepresidente de la Nación y uno de los hombres más importantes en el gobierno Kirchnerista. El expediente le tocó por sorteo al juez federal Daniel Rafecas, discípulo de quien por entonces estaba a cargo de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi.
Cuando se encontraron papeles que vinculaban a Boudou con la maniobra de Ciccone, el vice arremetió contra todos. Boudou en aquel 2012 brindó una conferencia de prensa en el Senado y cargó contra Rafecas y contra Righi. A causa de la embestida de Boudou, Righi renunció a la Procuración, hecho que fue cuestionado por su amigo Alberto Fernández, por entonces crítico acérrimo del gobierno de Fernández de Kirchner. Rafecas fue apartado del caso por la Cámara Federal y el expediente se acumuló con otro que estaba en el juzgado de Ariel Lijo.
Ariel Lijo
El 27 de junio de 2014 Lijo procesó a Boudou. Un juez había procesado al vicepresidente en ejercicio por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Lijo promovió la elevación a juicio y el fiscal Di Lello acusó a Boudou. En mayo de 2017 se sorteó el Tribunal Oral Federal 4 para que realizara el juicio.
En agosto de 2018 el TOF 4 con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez condenó a Boudou a la pena de cinco años y diez meses de prisión. Ese día Boudou fue detenido. Judicialmente se estableció que Boudou, que fue vice, cuando era ministro de Economía de la Nación, cometió un delito de corrupción. Se quedó con Ciccone que iba a ser contratada por la Casa de Moneda que dependía de Economía.
