Sin embargo el nombre de Victoria Tolosa Paz, aparece también sumergido en este maremagnum de internas, relaciones y vinculaciones políticas. Pareja de Enrique Albistur, Tolosa Paz, quedó a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y colabora activamente con el Plan de Argentina contra el Hambre, que reparte las tarjetas alimentarias que cuentan con un monto de entre 4000 y 6000 pesos mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos, para comprar alimentos en supermercados y almacenes. Aunque no está formalmente en la estructura de Desarrollo Social, los empresarios alimenticios la identifican como una de las voces de mando en la cartera. E inclusive en algunos portales plateases, de dónde es oriunda, dan por hecho su desembarco al Ministerio luego de la crisis del coronavirus.
Mucho se especuló en un pase de factura y de internas sobre la compra con sobreprecios de alimentos a intermediarios días atrás. Sin embargo, lo que verdaderamente ocurrió es que la falta de control es tan grande que el boletín oficial publicó y un periodista económico cruzó la información. Algo simple en medio del caos.
Bajo la gestión de Arroyo en Desarrollo Social, como en ninguna otra cartera se ha dispuesto el lema con todo y con todos. Esto significó dar juego y participación de gobierno a través de cargos a todos los movimientos sociales, (barrios de pie, Movimiento Evita entre otras fracciones. Y todas las vertientes políticas ligadas al oficialismo; léase peronismo, la cámpora, kolina e intendentes. El Ministerio de acción social se caracteriza por la enorme cantidad de recursos, sumado al despliegue territorial. Pero de la toma de decisiones diarias participan muchos sectores. En la época de Néstor al ministerio ingresaron los movimientos sociales y también dejaron su huella algunos lugartenientes de Alicia Kirchner que durante 12 años tejieron con los referentes territoriales del conurbano la ayuda, entrega de alimentos, contraprestaciones políticas, además de favores y “vueltos”. Ahí aparece el nombre del ex viceministro de la cartera en época K Carlos Castagnetto, sindicado desde adentro del gobierno por ser uno de los máximos artífices junto a los intendentes del conurbano, de esta operatoria.
Por esa trama compleja, y a la vez plagada de internas, es que Alberto Fernández envió a Béliz, una de sus personas de máxima confianza en la gestión a ordenar y controlar uno de los presupuestos más grande que tiene el estado.
Existen algunas voces críticas hacia adentro del gobierno, que admiten que Alberto no tiene la misma ejecutividad para las medidas económicas que la que tuvo para decretar la cuarentena y todas las medidas drásticas para hacerla respetar. Y en eso tiene que ver mucho las internas que existen en su gabinete. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se niega a lanzar una emisión monetaria desenfrenada porque está jugado a controlar la inflación. Del otro lado, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, plantean que de esta emergencia sólo se sale con emisión monetaria muy fuerte, pero necesaria para no quebrar la economía. El planteo de Kulfas, Moroni y todo el equipo económico es que “más vale en este momento tener un pico inflacionario, que se podrá discutir después de la pandemia, antes que tener una explosión social y un quiebre de todo el aparato productivo, con cierres de fábricas y desempleados”.
Fernández no da puntada sin hilo. Mientras ordena y garantiza que la ayuda social llegue a los barrios populares, avanzó este fin de semana en sellar un acuerdo con el grupo Perez Companc para la provisión y suministro de alimentos. Arcor, Ledesma, Danone y Bagley podrían seguir el mismo camino. El plan de Béliz que Fernández podría adoptar parte de la base que la Argentina en condiciones normales podría alimentar a más de 300 millones de personas. Si a eso se le suma que en condiciones adversas para los próximos 3 meses, por lo menos, se va a requerir alimentar a 20.000.000 de habitantes, hoy la ayuda social alcanza los 15.000.000. En ese mapa son claves todos aquellos que producen y que además de producir comercializan y participan de la logística. Ahí entra en juego el impuesto a la riqueza empresaria que según trascendidos, le atribuyen a Máximo Kirchner, y que de acuerdo a fuentes oficiales no prosperaría ya que es sólo una maniobra de negociación nacional y provincial para ablandar a los más díscolos.
Hay que entender, según estiman en esos ámbitos, que la situación extrema genere a futuro un peligro para el propio sistema político. Llámese estatización absoluta, necesaria en la emergencia y sobre todo, lo que está en sus distintas variantes, es decir que se prolongue más allá de la pandemia, como lo han sugerido algunos empresarios de la salud por ejemplo. Y que esto sea el verdadero motivo de las desafortunadas declaraciones de Ginés sobre el DNU en las clínicas privadas.
Como si fuera poco, además ingresa otro factor de poder en esta historia, los servicios de carga y entrega que posiblemente sólo puede proveer el sindicalista modelo, Hugo Moyano. Tal vez por esa razón será que en las últimas horas el camionero pidió a viva voz un bono de $5.000.
