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22 febrero 2024
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La Unión Europea penaliza severamente los ecocidios

La Unión Europea es el primer organismo internacional que penalizará con rigurosa severidad los daños medioambientales a gran escala. La destrucción de ecosistemas, los daños y pérdidas de hábitat, la desforestación y la tala ilegal serán considerados ecocidios y recibirán castigos contundentes.  

Aunque en el texto acordado por los legisladores europeos no incluye la palabra “ecocidio”, en la introducción se expresa que se penalizará los “casos comparables al ecocidio”. Esto último se refiere a “las actividades que causan daños generalizados, sustanciales, irreversibles o duraderos en los ecosistemas, hábitats o en la calidad del aire, el suelo o el agua en grandes o importantes superficies y se les considerará delito cualificado.

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional sobre una propuesta de Directiva de la UE que pretende mejorar el proceso de investigación y enjuiciamiento de los delitos ambientales. La ministra de Justicia, Pilar Llop, aplaudió el acuerdo y “el compromiso de España y de la Unión para perseguir los delitos ambientales y defender los ecosistemas ante múltiples amenazas”.

Ahora se definirá de manera más precisa el delito ambiental y se agregarán nuevos tipos de delitos ambientales. Por primera vez, se armonizan las sanciones para personas físicas y jurídicas en todos los Estados miembros de la UE. Se llegó al acuerdo de aumentar el número de delitos que se tipificaban en el Derecho Penal de la UE de 9 a 18. Esto amplía y especifica el tipo de conductas prohibidas y su impacto en el medio ambiente.

Los nuevos delitos incluyen el tráfico de madera, vista como una de las principales causas de la deforestación en algunas partes del mundo; el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de barcos y las violaciones de la legislación relacionadas con desechos químicos. La directiva sobre delitos ambientales se aprobará formalmente en la primavera de 2024, y los estados miembros tendrán dos años para incorporarla a la legislación nacional.

Para Marie Toussaint, abogada francesa y eurodiputada que encabeza los esfuerzos de la UE para criminalizar el ecocidio, esta decisión “marca el fin de la impunidad de los criminales ambientales” y podría marcar el comienzo de una nueva era de litigios ambientales en Europa. Se propone el endurecimiento de las penas, tanto para las personas físicas, que pueden llegar hasta los diez años de prisión en los casos más graves; así como para las personas jurídicas, con una sanción máxima de al menos el 5% del total de ingresos mundiales de la persona jurídica, o alternativamente, 40 millones de euros.

Para que estos acuerdos puedan cumplirse, los estados miembros deberán proporcionar formación sobre delitos ambientales a quienes trabajan en la detección, investigación y enjuiciamiento de los mismos como jueces, fiscales y autoridades policiales. También, se debe proveer a estas autoridades de medios adecuados, incluyendo personal cualificado y recursos financieros, para cumplir con sus funciones.  

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